Vuelan palos en Uruguay
“Vuelan palos por el cielo
y en el suelo buena gente
que aterrada por el miedo,
va perdiendo el corazón”
La Vela Puerca
Según la Real Academia Española la represión es el “ Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales.”
En tanto que reprimir se define como “Contener, detener o castigar, por lo general desde el poder y con el uso de la violencia, actuaciones políticas o sociales.”
Uruguay, domingo 1 de noviembre de 2020, Montevideo, Juan Lacaze, San Carlos, simultáneamente se desarrollan operativos de represión policial en distintos espacios públicos. La excusa: “disuadir” la aglomeración de personas para mantener y garantizar el distanciamiento físico y de esa manera evitar la propagación del Covid 19. El medio: las balas de goma. El fin: promover el miedo, imponer la autoridad y la presencia de un Ministerio del Interior aparentemente fuerte y presente en todos los puntos del país.
La realidad: parece que el Covid 19 solo se expande a la noche, en lugares públicos de encuentro juvenil y en plazas donde se aglomeran expresiones culturales y sociales populares y diversas[1].
En un fin de semana largo, donde los principales destinos turísticos evidenciaron una presencia fuerte de turismo interno, tanto en Maldonado, el circuito termal y Colonia del Sacramento, entre otros, la selectiva “propagación del virus” y del accionar policial, eligió actuar según la territorialidad e intereses más convenientes; protegiendo a los más fuertes y atacando a los sectores más débiles, criminalizando a jóvenes y a todas las manifestaciones populares no afines al discurso político y económico dominante.
La narrativa oficial, avalada por los grandes medios de comunicación, nos presenta los hechos del fin de semana como un enfrentamiento entre dos grupos, donde las fuerzas de seguridad se ven obligadas y presionadas a actuar y reprimir en función de los ataques de los jóvenes y los colectivos sociales que estaban en la tardecita - noche de un domingo cálido reunidos en una plaza. Para eso, utilizan conceptos como “incidentes”, “enfrentamientos”, “disputa”, olvidando que el poder estatal, el ejercicio de la coacción, la fuerza de choque y el uso “legal” de la fuerza está de un solo lado. Nunca a lo largo de la historia hubo una relación de simetría ante los actos de represión policial contra las manifestaciones juveniles.
La autonomía policial y la ampliación de sus potestades en detrimento de las libertades individuales, se habilita legalmente con la aprobación de la Ley N° 19889, más conocida como Ley de Urgente Consideración, sinónimo del programa de gobierno de la Coalición Multicolor, y particularmente del Partido Nacional.
La coyuntura de pandemia ha dejado en evidencia que las urgencias de algunos, no se orientan a brindar garantías al pueblo, sino que por el contrario se ha convertido en el puente para ejecutar políticas antipopulares, que terminan por violentar derechos y libertades individuales y colectivas.
Mientras a lo largo del mundo, la mayoría de los estados han adoptado medidas que potencian el fortalecimiento de los servicios públicos y la presencia del estado en beneficio de los sectores más vulnerados y la población más débil; en nuestro país, se observa un corrimiento de lo público en beneficio de lo privado. A la vez que se legitima mediante la ley de presupuesto, una injerencia y protagonismo mayor del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, mediante la mayor asignación de recursos económicos, siendo estos dos organismos los más privilegiados del presupuesto quinquenal en detrimento de otros servicios verdaderamente esenciales como la educación, la salud y la vivienda.
Una semana después de estos acontecimientos, la ciudad de Castillos en Rocha, amanece conmovida por un nuevo operativo policial que deja como imágenes un grupo de jóvenes de entre 15 y 16 años, con sus manos contra la pared mientras son cacheados por la policía.
Preocupa la arbitrariedad y discrecionalidad con que se definen y ejecutan este tipo de acciones policiales, donde el exceso y el abuso de la fuerza coquetea por sobre los límites de lo legal y permitido. Alarma que la violencia institucional juegue a naturalizarse sostenida bajo el amparo de una ley injusta, neoliberal y antiderechos.
Que las calles sigan siendo de nuestros jóvenes que día a día construyen presente y futuro, depende del ejercicio de construcción de memoria colectiva que como sociedad debemos practicar en todas sus formas. Levantar la voz, exigir la defensa de los derechos conquistados, evitar la institucionalización de la violencia y los excesos, debe ser uno de los impulsos para militar y promover el proceso de recolección de firmas que derive en el 2021 en el Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración.
[1] Ver accionar policial en plaza Liber Seregni.
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